Los despidos abarcan a empleados estatales transitorios “y de toda otra modalidad de contratación», tanto de la administración nacional como de entes descentralizados como Anses, PAMI y AFIP. El mismo DNU también dispuso que el Poder Ejecutivo revisará la situación del resto del personal contratado, unos 65 mil trabajadores más, cuyo vínculo se renovará sólo por 90 días. La Asociación de Trabajadores del Estado se movilizará este miércoles junto al resto de las centrales sindicales y denunció al presidente Milei por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El gobierno del presidente Javier Milei, a 16 días de su asunción, comenzó con los despidos en el Estado. Según el artículo 1 del DNU 84/2023 que fue publicado este martes y que dejará en la calle, en principio, a unos siete mil trabajadores, “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”. Eso abarca a empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de la administración nacional, y entes como Anses, PAMI y AFIP. Además, la norma adelanta que el Poder Ejecutivo revisará la situación de los trabajadores del Estado que cumplen funciones desde antes de esa fecha y que esos contratos, en caso de continuar, serán renovados cada 90 días. Ese universo, según los números que maneja la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), comprende a unos 65 mil trabajadores más. Desde los distintos sindicatos ya salieron a repudiar la medida. ATE, además de anunciar que movilizarán este miércoles en todo el país y adelantar que irán «hacia el paro general», denunció penalmente al presidente Javier Milei por cometer varios delitos, entre ellos, abuso y usurpación de autoridad.
«La idea de intentar dejar en la calle a miles de familias desde el 1º de enero (a los aproximadamente 7 mil trabajadores que firmaron sus contratos al inicio de 2023) es una agresión de una magnitud como no teníamos registro en el Estado en los últimos 40 años de democracia«, dijo en diálogo con Página/12 el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. La segunda cuestión que marca el sindicalista es que la decisión de renovar solo por 90 días al resto del personal que firma contratos «configura el fraude laboral más grande de la historia en la administración pública porque se trata de trabajadores que tienen hasta 30 años de antigüedad».
En total, enumeró Aguiar, existen a nivel nacional unos 210 mil trabajadores estatales, de los cuáles 72 mil no tienen estabilidad. Es decir: no están ni en la planta permanente ni en la transitoria. Si a esos 72 mil, se les restan los 7 mil que quedarían desempleados luego de este decreto, son unos 65 mil que tendrán que empezar a firmar contratos cada 3 meses, pero con la revisión de sus superiores.
«Un trabajador, que realiza la misma tarea que uno de planta permanente, que cumple la misma franja horaria y que recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico tiene una relación de dependencia y, si su contratación así no lo refleja, entonces hay un fraude por parte del Estado y la contratación tiene que ser dotada de estabilidad», expresó el secretario general de ATE y recordó que, en lugar de regularizar esa situación, el gobierno de Milei propone que esos trabajadores sigan bajo esa condición y, además, ahora los contratos no se renueven cada un año sino cada 3 meses. «Es un desquicio», opinó.
Según la norma que este martes fue publicada en el Boletín Oficial, dentro de los trabajadores que firmaron contrato desde el 1º de enero de 2023 y que serán cesanteados hay, sin embargo, varias excepciones. Allí están los contratados para cubrir los cupos de equidad de género y diversidades, de discapacidad y todos aquellos que hayan cambiado de modalidad de contratación en el último año. La otra excepción es para quienes cumplen tareas esenciales según sus superiores. ATE destacó que todos los trabajadores, independientemente de cuándo firmaron sus contratos, “cumplen roles esenciales para el funcionamiento de todos los organismos”.
«Que nadie espere que vayamos a aceptar ni un solo despido”, subrayó Aguiar y adelantó que van a ir al paro general. «Que nadie nos acuse de atentar contra la gobernabilidad. Si alguien está afectando la paz social es el propio Gobierno que decide dejar a miles de familias en la calle”, finalizó.
Denuncia penal
Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, Aguiar, Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo habían presentado la semana pasada un amparo contra el DNU que Milei anunció el 20 de diciembre. Eso aún está siendo analizado por el Poder Judicial. Como continuidad de ese reclamo, este martes denunciaron penalmente a Milei por abuso de poder, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por usurpación de autoridad. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El fiscal para este caso sería Carlos Stornelli.
En la presentación acusan a Milei «por la posible comisión del delito de abuso de autoridad; del delito de usurpación de autoridad y del delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno».
En diálogo con Página/12, Godoy adelantó que este miércoles la CTA movilizará en todo el país y en Buenos Aires junto a la CGT y los movimientos sociales para manifestarse en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, a partir de las 11. El jueves, al mismo tiempo que la CGT estará llevando adelante su reunión confederal, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP realizarán un plenario en Avellaneda para darle continuidad al plan de lucha. «De ahí puede llegar a salir un paro general», expresó Godoy.
Desde ATE Capital, Daniel «Tano» Catalano aclaró que a partir del 2 de enero van a poder tener «nombres y funciones de los 7 mil» trabajadores alcanzados por el DNU y que, de esa forma, van a poder «seguir con nuestra resistencia para tratar de recuperar puestos de trabajo”.
“Es importante ver qué áreas van a detonar. Están desprotegiendo áreas que tenían contrataciones”, aclaró y especificó que “hay lugares de trabajo, como ocurre en mi organismo, que no tienen funcionarios. Si despiden gente de mi organismo, desprotegen a la comunidad que se está protegiendo”. La fecha que mencionó Catalano no es al azar. Será el primer día hábil del próximo año y allí deberían tener las primeras noticias de los contratos que no fueron renovados.
