La Fiscalía de La Araucanía y la PDI detuvieron a 41 personas vinculadas a una red que operaba desde 2016 con empresas de papel, testaferros y tarjetas obtenidas con documentos falsos.
Una investigación de más de un año permitió desbaratar una organización criminal que, según la Fiscalía de La Araucanía, operaba desde 2016 y estaba “encabezada por un grupo familiar”. El operativo —ejecutado por equipos en La Araucanía, la Región Metropolitana y Los Ríos— terminó con 41 personas detenidas por los delitos de lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delitos tributarios, estafas y otras defraudaciones reiteradas.
El fiscal regional Roberto Garrido detalló que el núcleo lo integraban tres hermanos, con la participación de sus parejas y “con conocimiento de sus padres”, lo que consolidó una estructura que aprendió primero a “bancarizarse” para luego sofisticar su engranaje de fraude. El subcomisario de la PDI Héctor Balboa explicó que el grupo “perfeccionó el modo operandi para el fraude a los bancos”: obtenían tarjetas con documentación falsa —incluso a nombre de personas en situación de calle—, realizaban viajes al extranjero para “reventarlas” y traían los excedentes en efectivo al país.
Paralelamente, falsificaban cédulas, títulos universitarios y otros documentos para abrir cuentas, acceder a créditos, contratar seguros y constituir empresas ficticias. “Se construyeron empresas falsas, con antecedentes falsos; con ello accedieron a productos del sistema bancario, obtuvieron créditos, adquirieron bienes y usaron testaferros para desvirtuar la trazabilidad del patrimonio”, afirmó el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
Otro brazo de la trama consistía en solicitar máquinas de pago para esas empresas de papel. Con tarjetas de los mismos testaferros —y control absoluto de cuentas y claves— realizaban compras ficticias, luego anulaban las transacciones y pedían reversas: el banco pagaba al supuesto “comprador”, y cuando exigía el reintegro al “vendedor”, el dinero ya no estaba.
Los detenidos —todos chilenos, entre 35 y 45 años— incluyen personas con antecedentes por receptación, estafas, robos y apropiación indebida. La Fiscalía y la PDI continúan las diligencias para trazar el flujo del dinero y dimensionar el perjuicio al sistema financiero.
