Mientras que un 55% de los niños chilenos estudian en colegios particulares subvencionados, sólo un 35% asiste a liceos municipales o de SLEP.
Uno de los principales efectos de la «Reforma Educacional» o Ley de Inclusión, implementada en Chile a contar de 2015, fue que en lugar de incluir en los mismos colegios a estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, la ditribución de la matrícula se polarizó aún más.
Antes de esta ley, los colegios particulares subvencionados con financiamiento compartido (copago), podían cobrar hasta aproximadamente $80 mil pesos mensuales y recibían la mitad de la subvención escolar que los colegio gratuitos. Así, estudiantes de familias de clase media, cuyos padres no podían pagar un colegio particular pagado, hacían un esfuerzo y podían elegir uno más economico y con ayuda del Estado.
Era el financiamiento compartido que durante el Gobierno del exPresidente Frei Ruiz-Tagle, había abierto la puerta a que los padres complementaran los recursos con los que educar a sus hijos.
Sin embargo, eso no es todo. Estos colegios por obligación debían entregar becas completas al 15% de sus alumnos. Así, niños de familias de clase media, con alumnos de sectores vulnerables convivían en el mismo colegio, en una integración mucho más real que lo que dejó la Ley de Inclusión.
Si era por darles una mejor educación a sus hijos, por que tuvieran más talleres o simplemente por status, por el motivo que fuera, ya que es su derecho como padres, pero antes de la Ley de Inclusión los colegios en Chile eran más inclusivos y en ellos se mezclaban niños de distintas realidades.
Todo cambió para peor
Y la Ley de Inclusión todo lo cambió para peor. La matrícula de los colegios particulares pagados de un 5% histórico, aumentó a un 9,1% en 2023. Es decir, en lugar de hacer un sistema educacional más inclusivo y gratuito, aumentó a cantidad de padres que tuvieron que meterse la mano en el bolsillo y pagar desde 300 mil mensuales para educar a sus hijos.
Por el otro lado, en lugar de fortalecer el sistema municipal y público (SLEP), la matrícula en este tipo de establecimientos bajó a un mínimo histórico de un 35,4%, donde al año 2023 un 30,6% estudiaba en escuelas y liceos municipales, y un 4,8% en los Servicios Locales de Educación Pública.
Además del aumento de alumnos en colegios particulares pagados, el sistema que sigue fuerte y consolidado, es el particular subvencionado; en el cual la Ley de Inclusión paralizó la creación de colegios con financiamiento compartido, así como de nuevos establecimientos particulares subvencionados (hoy es en extremo difícil abrir uno, dados los requisitos que se impusieron).
Asi las cosas, hoy los papás y mamás de Chile siguen prefiriendo la educación particular subvencionada, con 2.004.906 alumnos estudiando en sus colegios, mientras 1.286.684 estudiantes lo hacen en el sector municipal y público. En colegios particulares pagados estudian 329.958 niños, mostrando un aumento sostenido de alumnos que han llegado a este sector, el que históricamente venía a la baja.
Financiamiento
Cuando el exministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, explicó majaderamente y probablemente en un arrebato, que lo que se debía hacer para «igualar» la educación (mejorarla), era «quitarle los patines» a los niños que estudiaban en colegios particulares subvencionados, no pudo explicarlo mejor y los papás lo entendieron.
¿Cómo se les quitó los patines? pues fácil: En primer lugar, al expropiarles las subvenciones fiscales y obligarlso a vender la infraestructura de sus colegios, los «sostenedores» o dueños de estos establecimientos educacionales pasaron a ser «sujetos riesgosos» para los bancos y desde 2014 no les prestaron un solo peso más. Ni para construir nuevas salas, baños o pabellones, ni para pintar o arreglar el techo.
Pero eso no es todo. En paralelo y a través de los gobiernos regionales (con recursos de todos los chilenos), se comenzó a construir nuevos liceos municipales, escuelas públicas o lo que sólo este sector necesitara. Así, recibiendo la misma subvención ambos, unos no puedieron arreglar más su infraestructura y los otros, los muncipales, comenzaron a ofrecer nuevas salas de clases, baños de lujo y construcciones que los particulares subvencionados no pudieron ofrecer nunca más.
Pero los padres los siguen prefiriendo, incluso considerando además la otra forma de discriminación que enfrentan, esta vez en el transporte escolar. En efecto, para asegurar la asistencia a clases, muchas escuelas -principalmente rurales- deben ofrecer traslado. Lo mismo hacen los municipales, pero a través de fondos que vienen del Transantiago, a los cuales los sostenedores -y niños- de los particulares subvencionados no pueden optar.
Así, resulta ser que los padres del 55% de los niños de Chile que estudian en colegios particulares subvencionados, financian, además de la subvención mensual, la infraestructura y el trasporte escolar que va sólo para los estudiantes de escuelas muncipales y públicas; una injusticia que se repite también cuando entregan computadores, que se financian con los impuestos de todos los chilenos.
(*) los datos aquí reflejados provienen del Ministerio de Educación, en su «Resumen Estadístico de la Educación Oficial 2023» (MINEDUC Resumen Estadistico de la Educacion Oficial 2023.pdf).
