El presidente ultraderechista, que asumió el poder hace poco más de un mes, afronta también una marcha de colectivos y organizaciones opositoras en diferentes ciudades del paísMiles de personas han tomado las calles de Buenos Aires y de otros puntos de Argentina este miércoles para decirle no al desmantelamiento del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. Mientras el nuevo Gobierno avanza con una megaley en el Congreso y un decreto que impuso con centenares de medidas y ya entró en vigor, sindicatos, organizaciones sociales, políticos de la oposición y diversos grupos autoconvocados se han manifestado en contra de los proyectos con los que Milei pretende arrogarse facultades legislativas especiales y desregular la castigada economía argentina. A las 12.00 (hora local), además, ha iniciado un paro general que se extenderá hasta la
medianoche, el primero que enfrenta este Gobierno.
“La patria no se vende” es la consigna que más se cantó esta mañana frente al Congreso, donde la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más grande de Argentina, había convocado una marcha que acompañe la huelga general de este miércoles. Miles de personas se congregaron sobre la avenida de Mayo, una arteria del centro de Buenos Aires que conecta el Congreso con la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. Hasta allí llegaron camioneros, trabajadores de la salud o empleados de las oficinas del Estado, pero también cientos de jubilados, inquilinos, asociaciones de teatro, editores de libros, activistas ambientales odefensores de los derechos de las personas con discapacidad. También lo hicieron el peronismo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Cada uno de ellos con un argumento en contra de una megaley que no deja sector de la economía nacional sin tocar en sus más de 500 artículosLa manifestación se ha encontrado con un gran despliegue de fuerzas de seguridad que tenían el encargo de cuidar una de las obsesiones del Gobierno: que el tránsito de la capital no se corte por las manifestaciones. El Gobierno implementa desde diciembre un protocolo de acción contra manifestaciones, que amenaza con detenciones a los líderes de protestas que corten rutas y hasta con hacer pagar los “gastos operativos” de la policía a las organizaciones sociales que convoquen. Los agentes también pueden realizar controles en el transporte para buscar manifestantes, y esta mañana revisaron los autobuses que circulaban por los ingresos a la capital y prohibieron el paso a quienes querían cruzar a pie un puente en el sur de la ciudad.
