El cargo principal contra la ex candidata a gobernadora es por fraude a las subvenciones, en el cual se le atribuye participación en calidad de autora, con delitos en grado de consumado y frustrado.
La Fiscalía Metropolitana Sur ha avanzado en su investigación sobre la rendición de gastos electorales de la excandidata a gobernadora por la región Metropolitana, Karina Oliva, y ha decidido formalizar la causa.
Según documentos previos enviados por la Fiscalía al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, se identificaron montos cobrados notablemente mayores en relación con otros profesionales que prestaron servicios para la campaña de Oliva. Estos montos, en muchos casos, eran por $10 millones o $15 millones.Héctor Barros, fiscal regional de la fiscalía regional metropolitana Sur, solicitó la realización de una audiencia para formalizar la investigación en contra de varias personas, incluida Oliva, por su participación y responsabilidad en los delitos señalados. El cargo principal contra Oliva es por fraude a las subvenciones, en el cual se le atribuye participación en calidad de autora, con delitos en grado de consumado y frustrado.
Entre los imputados se encuentran individuos que emitieron boletas por montos significativos, como $16 millones 200 mil por “relaciones y gestión política” y cerca de $25 millones por “diseño y planificación de despliegue territorial campaña gobernación Distrito 12” y “análisis de Data Analitycs-interpretación de datos”.
Además, se menciona que el Servicio Electoral (Servel) ya había sancionado a Oliva con una multa de 50 UTM por la declaración de gastos sin la documentación adecuada, lo que se traduce en impericia y desconocimiento en el manejo de la plataforma de rendiciones, respecto de $115 millones.
El listado de imputados incluye a Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez, Diego Corvalán Pérez y Ailine Ramírez Amaro, todos vinculados al partido Comunes. La siguiente etapa del proceso será que el tribunal determine la fecha para la audiencia de formalización
