El Ministerio de Defensa, en un gesto inédito, se reunió con condenados por secuestrar, torturar y desaparecer. Patricia Bullrich dice que hay abusos en las causas de lesa y personas que «no pueden seguir presas». Jueces, fiscales y referentes de derechos humanos responden que no pueden existir beneficios para genocidas.
Los represores que están presos reclaman la libertad, denuncian que son víctimas del sistema judicial y buscan ser reivindicados. Hacía tiempo también que exigían tener un interlocutor. Y lo consiguieron. El Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, mandó a sus funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo para tomar nota de los reclamos de quienes están condenados o procesados por haber secuestrado, torturado, desaparecido y robado bebés. En los últimos días, Petri reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas durante los años ‘70 y se fotografió con Cecilia Pando y esposas de militares condenados por crímenes contra la humanidad. Patricia Bullrich, quien negoció la llegada de su compañero de fórmula a la cartera de Defensa, salió a decir que hay militares y policías «injustamente encarcelados» en lo que será la antesala de un 24 de marzo atravesado por la presencia en la Casa Rosada de un gobierno que niega, minimiza o justifica lo sucedido durante la última dictadura.
La U34 tiene capacidad para alojar a 115 reclusos. Su emplazamiento dentro de la principal guarnición militar del país y su cercanía con el Hospital Militar de Campo de Mayo fueron los argumentos que invocó el gobierno de Mauricio Macri en 2016 para volver a ponerla en funcionamiento. Está dividida en cinco pabellones. Tiene quincho, gimnasios con aparatos, tres huertas y dos canchas de tenis. Sus comodidades la distinguen del resto de las unidades para personas privadas de la libertad.
En Campo de Mayo, hay 62 represores presos, según las estadísticas que el viernes difundió la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH). Algunos de ellos consiguieron que funcionarios de Defensa fueran a verlos. La reunión no fue informada públicamente ni por el Ministerio ni por alguna organización que representa a los presos por lesa. Sin embargo, Página/12 pudo reconstruirla a partir de distintas fuentes.
La comitiva fue encabezada por Lucas Miles Erbes, director nacional de Derechos Humanos de la cartera que conduce Petri. El abogado trabaja codo a codo con Guillermo Madero, subsecretario de Estrategia y Política Militar. Madero, que fue funcionario del PRO, hizo campaña para Bullrich pero ahora se identifica con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En la Unidad 34, los funcionarios de Defensa se entrevistaron con algunos represores emblemáticos –no solo militares sino también policías. Uno de ellos fue Juan Daniel Amelong, a quien Villarruel presentó como una “víctima” en el debate vicepresidencial con Agustín Rossi. Amelong tiene cinco condenas por crímenes de lesa humanidad en su haber y, según publicó El Destape, solía recibir las visitas de la actual vicepresidenta. Nunca escondió su rol en la “lucha contra la subversión”. Estuvo en el Operativo Independencia, integró el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y su casa familiar –La Intermedia– fue usada como un centro clandestino de detención durante la dictadura. El año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una petición que había presentado y dijo que no veía afectación a sus derechos por su detención.
Otro de los que capturó la atención de los enviados de Defensa fue Julio Héctor Simón, conocido como el “Turco Julián”. Simón no es un represor más: con su caso, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, de esa forma, habilitó la reapertura de los procesos por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.
Mario Sandoval, el integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) que fue condenado a quince años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Hernán Abriata, también dialogó con los funcionarios de Defensa. Sandoval –que debió ser extraditado desde Francia para responder ante la justicia argentina– no pierde oportunidad para denunciar supuestas ilegalidades en su contra tanto en estrados nacionales como internacionales. Ahora, está entretenido en la conformación de un sindicato de mayores de 60 privados de la libertad ambulatoria.
Eduardo Ramos Campagnolo, un represor que actuó en Rosario, estaba interesado en que lo escucharan en el gobierno de Javier Milei. El “Curro” viene pidiendo hace tiempo la libertad condicional.
Los presos de lesa no solo recibieron visitas de funcionarios del Poder Ejecutivo. La semana pasada, la Unión de Promociones –la primera entidad que le pidió públicamente una «solución definitiva» a Milei para los presos de lesa-– informó que había visitado la U34 con la diputada libertaria Alida Ferreyra Ugalde.
Los reclamos son variados. Hay quienes piden salir de la cárcel. Otros exigen una solución jurídica –como también lo hizo Villarruel la semana pasada en una entrevista en TN. Hay quienes pretenden que desde el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, hagan un monitoreo de cuánto demoran las causas en la justicia y quienes buscan que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) diga oficialmente –ya no en campaña– que se libró una guerra.
Trabar las investigaciones
Hace dos semanas, un editorial del diario La Nación festejó que soplaban nuevos vientos en la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político. En el texto, se apuntaba a decisiones de Madero sobre el acceso restringido a los archivos de los militares.
Desde el Ministerio ya le dijeron a representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que habrá recortes en la tarea que hacen los equipos de relevamiento y análisis –que se crearon en 2010 durante la gestión de Nilda Garré. La versión del gobierno es que en la actualidad hay menos juicios o que las propias fuerzas pueden responder a los requerimientos que hacen las fiscalías, los juzgados y los tribunales.
Los principales interesados en que sus archivos no lleguen a los estrados judiciales son los imputados. En una de sus indagatorias, Horacio Luis Ferrari, el represor de la ESMA que está actualmente en juicio, acusó a los investigadores del Ministerio de Defensa de ser soplones.
“Advertimos la necesidad de mantener los equipos que aportan la producción de la prueba informativa –desde Defensa o desde el Archivo Nacional de la Memoria. Son personas que se han especializado en los últimos años y que seguimos necesitando para interpretar casos nuevos. Su falta puede tener una incidencia en el retraso de las investigaciones”, señala la fiscal Ángeles Ramos, titular de la PCCH.
A pesar de los vaivenes, las investigaciones avanzaron en las últimas dos décadas. Este domingo, se recordarán en las calles no solo los 48 años del golpe genocida sino también los 20 años desde que Néstor Kirchner bajó los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone del Colegio Militar y dio el primer paso para convertir la ESMA en un espacio de memoria. Fue un quiebre en la historia. Los que entonces se opusieron hoy son parte o apoyan al gobierno.
Reivindicaciones
Después de que su delfín Petri dijera que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su accionar en los ‘70, Bullrich declaró que existe una política de “venganza” contra algunos de sus exintegrantes. “Hay detenidos que estaban parados en la puerta de una comisaría o en un destacamento de Gendarmería sin ningún tipo de acción, y los tienen hace quince años sin causa. Eso en un Estado de derecho no puede pasar. Esas personas no pueden seguir presas”, demandó
La ministra posiblemente haya querido decir que hay detenidos sin condena firme. Eso se debe a las demoras de la propia Corte a la hora de confirmar las sentencias. No es cierto como dijo Bullrich que se haya «sacado» el beneficio de acceder a los 70 años al arresto domiciliario, sino que el máximo tribunal sostiene que no es automático. Más del 76 por ciento de los represores están en sus casas.
“Bullrich, en su reversión ideológica infinita, está perdiendo la memoria, porque seguramente ella sabía muy bien que en un centro clandestino había distintas funciones –una de ellas, custodiar la puerta de una comisaría. Como explicaba el almirante Emilio Massera, todos debían ‘poner las manos en el plato’ para que luego funcionara el pacto de impunidad y nadie pudiese hablar”, responde la diputada del FIT-U Myriam Bregman.
El periodista Carlos Pagni publicó que el lunes Bullrich podría difundir un cambio reglamentario para favorecer la salida de represores mayores de 70. “Ningún reglamento penitenciario puede alzarse contra una ley del Congreso, como es la de Ejecución Penal”, responde un juez federal ante la consulta de este diario.
“Es evidente que llegó la hora de cumplir con las promesas que les hicieron a los genocidas en campaña –apunta la abogada Guadalupe Godoy–. Probablemente se encontraron con que no es tan sencillo: los tratados internacionales, las leyes internas y la construcción jurisprudencial les obstaculizan el camino. No es en vano todo lo que construimos”.
Ni olvido ni perdón
Otra de las versiones que corrió fue la de un indulto. Milei lo negó. Villarruel dijo no estar al tanto de una discusión por el estilo en el gobierno que integra. En La Plata, el juez Alberto Recondo intimó el viernes al gobierno a responder si el tema está en sus planes después de que referentes de los derechos humanos como Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y el exjuez Carlos Rozanski presentaran un amparo preventivo.
“Un beneficio generalizado en favor de presos por graves violaciones a los derechos humanos está vedado jurídicamente”, explica Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. “Los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar no son pasibles de indultos, amnistías, conmutación o cualquier otra forma de morigeración de las sanciones, por exigencia de proporcionalidad derivada de la categoría ‘penas adecuadas’. En el plano interno la prohibición deriva expresamente de la ley vigente y de la jurisprudencia de la Corte Suprema desde 2007. Por imperativo internacional hay que atender la inédita condena por desacato a Perú de diciembre pasado, adoptada por unanimidad por la Corte Interamericana en el caso de Alberto Fujimori. La única forma de favorecer a los represores es violando el derecho. Y deshonrando a las víctimas”.
Lo que es seguro es que la administración de La Libertad Avanza (LLA) buscará durante el 48º aniversario dar una “batalla cultural” que intente justificar el accionar criminal de las fuerzas y descalificar a los organismos de derechos humanos. Ya trascendió que lo hará a través de un spot. Mientras tanto, hay alerta en la Secretaría de Derechos Humanos por lo que puede pasar esta semana con la renovación de los contratos de quienes se desempeñan en los sitios de memoria.
“Más allá del retroceso que quieran hacer en lo discursivo, lo cierto es que en este país no hay impunidad. Los tres poderes del Estado ya se manifestaron sobre el genocidio que se llevó adelante. Esto blinda el proceso de justicia ante cualquier tipo de avanzada y pone en riesgo al Presidente de ser sometido a un juicio político”, advierte el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti.
