Santiago de Chile (EFE).- La Justicia de Chile condenó este martes a 23 años de cárcel al líder radical mapuche Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), como autor de delitos de incitación y apología a la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.
En la sentencia del Tribunal Oral de Temuco, a más de 700 kilómetros de la capital, se detalla que la pena se divide en 15 años de prisión por los delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, cinco por hurto simple y otros tres por atentado a la autoridad.
“No reuniéndose los requisitos establecidos en la Ley 18216, no se le concede ninguna de las penas sustitutivas previstas en dicho cuerpo legal, debiendo cumplir de manera efectiva las penas prohibitivas de libertad en orden sucesivo, iniciando por la más grave”, señaló el tribunal.
El caso contra Héctor Llaitul
La Fiscalía y el Ministerio del Interior, como querellante de la causa, pedían 25 años de cárcel para el dirigente mapuche, que hoy tiene 56 años y que permanece en prisión preventiva desde agosto de 2022.
La lectura de la sentencia del exlíder de la CAM, una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país, provocó un fuerte despliegue de las Fuerzas Militares en la zona, declarada en “alerta roja” en las horas previas a la audiencia.
Su detención y posterior encarcelamiento se enmarcan en una investigación abierta en 2020 por el Gobierno del fallecido Sebastián Piñera (2018-2022), tras la presentación de una querella por unas polémicas declaraciones de enero de ese año mientras se juzgaba a otro militante de la CAM.
“Hacemos un llamado a nuestras comunidades a estar activos en relación a lo que es la confrontación, principalmente, en contra de las empresas forestales”, advirtió entonces Llaitul.
En julio de 2022, pocas semanas antes de ser detenido y ya bajo la Administración del progresista Gabriel Boric, el Gobierno decidió ampliar la querella.
Un conflicto que acapara la atención de Chile
En el sur de Chile, las regiones de La Araucanía y el Biobío son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
Boric, que durante su campaña prometió la desmilitarización de la zona implementada por Piñera, su predecesor, decretó el estado de excepción en el territorio en mayo de 2022 y desde entonces ha mantenido el Ejército desplegado
en la región bajo el argumento de que han disminuido los delitos de violencia rural en la zona.
Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias fórmulas más transversales y de largo plazo, mientras que la derecha defiende la medida.
La lectura de la sentencia coincide con un momento de máxima convulsión en la zona centro-sur del país, todavía convulsionda por el triple asesinato policial ocurrido en la comuna de Cañete el pasado 27 de abril, pocos días después de que Llaitul fuera declarado culpable.
Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha informado ningún vínculo entre el ataque policial, el más grave contra el cuerpo de Carabineros de la historia reciente del país, y la CAM o alguna otra organización radical de la zona que reivindica sus tierras ancestrales.
