La asistencia a los caídos, una curita para un sablazo
Los anuncios económicos del ministro Luis Caputo incluyeron tres novedades en las políticas sociales: la reducción del Potenciar Trabajo -su presupuesto quedará congelado, no excederá lo gastado en 2023-, y el refuerzo de la asistencia alimentaria -el monto de la AUH será llevado al doble y el de la Tarjeta Alimentar tendrá una mejora del 50 por ciento-. Los movimientos sociales advirtieron que esta suba en asistencia alimentaria no alcanza para reparar el daño social que provocará el «plan motosierra».
Para los movimientos sociales, las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, “nos llevarán del actual desastre de un país con un 45 por ciento de pobres a una situación catastrófica, con más pobreza e indigencia ”. Referentes de varias organizaciones explican, en esta nota, su mirada sobre los cambios en materia de políticas sociales. Caputo anunció tres: el congelamiento del Potenciar Trabajo, el aumento de la Asignación Universal por Hijo (al doble) y la Tarjeta Alimentar (en un 50 por ciento). El primero es un guadañazo, las otras dos siguen el libreto que ya había anticipado Javier Milei de “asistir a los caídos” de su Plan Motosierra. ¿Alcanza?
El titular del Isepci, Isaac “Yuyo” Rudnik, plantea que quienes perciben la AUH y la Tarjeta Alimentar son hogares que ya están bajo la línea de indigencia. Ahora deberán afrontar no sólo las próximas subas en el precio de los alimentos sino, y esto es sustancial, la caída en sus ingresos como trabajadores informales, debido a que habrá menos changas y menos trabajo de limpieza en casas particulares.
“No creo para nada que el aumento en la AUH y la Tarjeta Alimentar sean una garantía” para que las familias puedan parar la olla, dijo a Página|12. Su punto de vista es altamente calificado, ya que el Isepci es un centro de estudios que se dedica a medir los precios en los comercios de cercanía de villas y asentamientos, de registrar la evolución del peso y la talla de los niños que asisten a comedores populares y entender los consumos de los que menos ganan. En lo político, el Isepci está vinculado a Libres del Sur, un movimiento social de izquierda.
“Hay que tener en cuenta que la línea de partida, hoy, es muy baja. Una familia de dos adultos y dos niños necesita, para no ser indigente -para poder comprar una canasta básica de alimentos- 180 mil pesos. Si esa familia percibe dos AUH y la Tarjeta Alimentar para dos hijos, hoy llegan sólo a 80 mil pesos. Son hogares que completan sus ingresos haciendo changas, en el caso de las mujeres la actividad mayoritaria es el trabajo en casas particulares; cuando la clase media pasa a ver reducidos sus ingresos, como va a suceder ahora, estos trabajos son los primeros que se cortan”.
Rudnik agregó que en los comercios populares del conurbano la inflación de los alimentos viene en el orden de un 25 o 30 por ciento mensual, que se llevará parte del aumento en el monto de la asistencia alimentaria. Por eso las mejoras en la AUH y la Tarjeta Alimentar, pueden parecer importantes nominalmente, pero no lo serán en lo real. Para decirlo gráficamente: “En las carnicerías de barrio, un kilo de milanesas, que hasta el viernes estaba en 4 mil pesos, ayer ya había pasado los 6 mil”.
En la Unión de Trabajadores de la Economía Popular las voces coinciden. “Evidentemente, al ajuste lo pagan los pobres y los trabajadores, no la casta”, dijo a este diario Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
La medida de congelar el Potenciar Trabajo para que el gasto de 2024 sea el mismo que el de 2023 implicará que el monto del Potenciar se vaya licuando con la inflación. Se mantendrá el millón doscientos mil beneficiarios (un porcentaje reducido en relación a los trabajadores informales, que son 8 millones), pero el salario social complementario les alcanzará para comprar cada vez menos.
“Congelan el salario social complementario que se creó por ley, hacen una devaluación del 120% en un día, liberan los precios de los alimentos, aumentan el transporte público, aumentan los precios de la energía, más recesión, todo eso va a llevar a que haya menos empleo y peor trabajo, menos changas. Son las mismas recetas del pasado y nos llevan a los mismos lugares, pero esta vez aún peor, porque estamos parados en 45% de pobreza y con estas medidas nos vamos a ir a un 60 % 70% de pobres”.
Alejado formalmente de la conducción de la UTEP para enfocarse en un rol más político, como figura del Frente Patria Grande, Juan Grabois hizo un punteo de las medidas económicas en el que habló de los temas de esta nota. Sobre el Potenciar, dijo que su congelamiento es “ilegal” (la ley establece que su monto debe ser siempre equivalente a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil). “Su congelamiento implica una congelación ipso facto del 80 por ciento de su poder adquisitivo”, agregó.
En cuanto a la mejora en las políticas alimentarias, las relativizó: “Para los más pobres de los pobres se anuncia el aumento de AUH+Alimentar, pero este beneficio llega solo a 2,3 de 5 millones de hogares pobres actuales, que con la devaluación van a pasar a ser al menos 6,8” millones.
Por su parte, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, remarcó que los anuncios que hizo Caputo “incluyen aumentos en las tarifas de los servicios y aumento del transporte público. La casta no toma el tren ni el colectivo, volvemos a lo mismo: el aumento del dólar, su traslado a los precios de los alimentos afecta como siempre a los sectores populares. La economía popular, el trabajo informal, va a crecer con mucha más fuerza, así como sindicato estamos discutiendo qué vamos a hacer”.
